lunes, 4 de junio de 2012

"CASO PALMA ARENA"/"CASO NÓOS"; MATAS PIDE A LA AUDIENCIA QUE CORRIJA AL JUEZ Y CITE A CAMPS Y GONZÁLEZ PONS

Recurre la negativa del juez que investiga a Urdangarin a su última petición
Dice que así probaría que era 'útil y habitual' firmar convenios con el duque

Eduardo Colom | María José García | Palma

El expresidente balear del PP Jaume Matas eleva a la Audiencia Provincial de Palma una de sus últimas y más sonadas peticiones en el marco de la investigación judicial del caso Nóos: que se cite a declarar al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al exconsejero de Relaciones Institucionales de aquella comunidad y vicesecretario del PP Esteban González Pons.

Lo hace después de que el juez que investiga el desvío de 5,8 millones de euros públicos de Valencia, Baleares y otras administraciones públicas a los negocios del duque de Palma Iñaki Urdangarin, el magistrado José Castro, rechazase hace unos días esa pretensión llegando a retar al antiguo dirigente balear a que presentase «indicios de criminalidad» contra sus excorreligionarios.

La defensa jurídica de Matas, encabezada por el combativo abogado Antonio Alberca, que acaba de lograr que el juez acceda a su petición de solicitar a la actual Conselleria de Presidencia todos los informes y acuerdos relativos a las contrataciones del Govern con el Instituto Nóos, presenta ahora un nuevo escrito en el que recurre ante la Audiencia la denegación del juez Castro a aquella petición.

Aclarando que no ha demandado la comparecencia de Camps y González Pons en calidad de imputados sino «que se entiende que sería en calidad de testigos salvo que el juez pudiera entender lo contrario para una mejor garantía de sus derechos constitucionales». Y tildando la réplica de Castro como «rayana en la prevaricación» y «una vulneración del derecho a la defensa» de Matas. En consecuencia, traslada ahora el debate al máximo órgano judicial de las Islas para que dirima el asunto.

La representación del expresidente balear especifica en su escrito que la comparecencia de Camps y de González Pons estaría directamente relacionada con el derecho que Matas tiene a defenderse.

Así, explica que con el eventual testimonio de esos políticos, que «adoptaron decisiones políticas similares» a las de Matas (también ha pedido la «declaración» del exalcalde de Alcalá de Henares Manuel Peinado y de la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen) podrían probarse dos cosas.

Por un lado, «que las administraciones públicas habitualmente colaboran con entidades sin ánimo de lucro especializadas en el ámbito deportivo y social a través de la figura del convenio, sin necesidad de recurrir al concurso». Y por otro, «que consideraban útil colaborar con entidades en las que el duque de Palma tenía relevancia dado que venía precedido por el ‘prestigio’ –el recurso lo entrecomilla– que le proporcionaba haber sido vicepresidente del Comité Olímpico Español y estar arropado por deportistas de élite».

El expolítico agrega que su defensa «parte de la profunda convicción de que los convenios baleares cumplieron escrupulosamente la legalidad» y que «no se puede sostener seriamente que todos sus responsables políticos habían decidido participar en la supuesta estrategia ideada por el duque de Palma para apoderarse de fondos públicos».

Matas cree que su actuación y la de los dirigentes de la Comunidad Valenciana es similar y puede ser comparada. Y que «por los mismos hechos» no han sido imputados. Por lo que se ha empleado, dice en lo que ya es una constante en su lectura del proceso judicial (una de cuyas causas le ha supuesto una condena a 6 años de prisión pendiente de ser revisada por el Supremo), una «evidente doble vara de medir».

Sea como fuere, Alberca dedica una expresa mención a lo que constituye el trasfondo del asunto. «No nos cabe la menor duda –explica en el escrito la defensa de Matas– que esta actuación arbitraria del [juez] instructor obedece a la clara intención de no desprenderse de la instrucción de la causa». En ese sentido, abunda, «si imputa a Camps o a González Pons, dado que se trata de personas aforadas se vería obligado a inhibirse en favor bien del Tribunal Superior de Justicia de Baleares bien del Tribunal Supremo».

Además

IMPUTAN A DOS EX ALCALDES DEL PSOE DE BURGUILLOS POR EL USO DE SUBVENCIONES


INSTRUCCIÓN | José Juan López y Mariana Pérez, citados en julio
El PP ha presentado una querella criminal por delitos de fraude
También los acusa de falsedad, malversación, prevaricación y delito societario

Efe | Sevilla

La juez de instrucción 17 de Sevilla ha fijado para el 17 de julio la declaración como imputados de José Juan López y Mariana Pérez, ex alcaldes socialistas de Burguillos (Sevilla) que han sido denunciados por el actual equipo por el presunto uso fraudulento de subvenciones de la Junta.

Varios de los imputados estaban citados este lunes en el juzgado, pero la juez ha acordado reordenar las comparecencias y tomar declaración primero a los ex alcaldes, que han sido denunciados por el actual equipo municipal, encabezado por Domingo Delgado (PP).

El equipo de gobierno presentó una querella criminal contra los anteriores dirigentes municipales y de la sociedad municipal Burguillos Natural por delitos de fraude en subvenciones, falsedad en documento público, oficial y mercantil, malversación, prevaricación y delito societario.

La denuncia se refiere a una subvención de 269.806 euros otorgada por la Junta para comprar mobiliario de oficina que se hizo a través de Burguillos Natural presuntamente para eludir la fiscalización, y otras dos ayudas de 513.065 y 86.934 euros para una guardería municipal.

Finalmente, una tercera ayuda de 118.500 euros se otorgó para unas instalaciones deportivas que no existen, según el actual equipo de gobierno.

La juez ha citado el 17 de julio a José Juan López, Mariana Pérez y a Jacinto Rosa, gerente de Burguillos Natural, y el 27 de septiembre a la secretaria de la empresa, al ex teniente de alcalde y al ex concejal de Hacienda.

"CASO MALAYA"; LOS PERITOS DE HACIENDA NO DUDAN SOBRE LOS SOBORNOS DE ROCA A JULIÁN MUÑOZ

Recta final del juicio


José Carlos Villanueva | Málaga

Los dos inspectores de Hacienda que continúan declarando en la recta final del juicio por el caso 'Malaya', José Padín y Ramón Rey, no tienen dudas sobre que detrás de las siglas J.M. está el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, como perceptor de 162.000 euros en concepto de sobornos, provenientes del principal acusado, Juan Antonio Roca.

Así lo han puesto de manifiesto este lunes los dos peritos a preguntas del abogado defensor del ex regidor del GIL, Javier Saavedra, que les ha interrogado por tales hechos. Los dos expertos de la Agencia Tributaria se han mostrado incluso más firmes a la hora de señalar a Julián Muñoz, como responsable de un delito de cohecho, que los dos inspectores de la Udyco que llevaron el peso de las pesquisas, José Manuel Rando y Marcos Romarís.

Concretamente, en la contabilidad interna de Roca el 7 de noviembre de 2002 aparece un pago de 15.000 euros a J.M. El día 11 del mismo mes aparece otro pago de 135.000 euros. Ya el 10 de diciembre de 2003, cuatro meses después de dejar la Alcaldía Muñoz, aparece el último pago de 12.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que dichos pagos se corresponden en el tiempo -salvo el de 2003- con convenios urbanísticos que Muñoz firmó siendo alcalde con sociedades vinculadas a Roca, que salieron claramente beneficiadas, tal es el caso de CCF21 Negocios Inmobiliarios S.A.

Al insistir Saavedra en que las siglas J.M. pueden corresponder a otras identidades el perito José Padín ha bromeado: "Sí claro, también a Jorge Manrique", parafraseando al letrado del ex alcalde que ya se refirió a dicho escritor.

La versión ofrecida en su día por Roca, durante el juicio oral, fue que J.M. era Javier Manríque, un asesor electoral del partido GIL que cobró dicha cantidad atribuida por el fiscal a Muñoz. Lo cierto es que ni siquiera la defensa del ex alcalde ha citado a declarar, como testigo, al supuesto estratega político, para muchos ficticio.

Los peritos se han referido este lunes a una serie de documentos, hallados al registrar un despacho de Roca, como la famosa carpeta de color naranja en cuya portada se podía leer "JM-IP-MZ". Para ellos no hay duda. Se trata de Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, la ex mujer del ex primer edil marbellí.

A lo anterior se suma otra nota de Roca: "Insultos Salsa Rosa/.Gil", con información que guardaba el ex gerente municipal de Urbanismo sobre el acalorado debate que protagonizaron Muñoz y Roca en agosto de 2003 en la cadena Telecinco, poco antes de la moción de censura que acabaría con el efímero mandato del munícipe marbellí.

Entre dicha documentación en poder de Roca también apareció la escritura de compraventa de un apartamento, en el hotel Guadalpín, a nombre de la sociedad Franbel Artis, propiedad de Pantoja. "Si con todo esto usted dice que JM no es Julián Muñoz es que no lo quiere ver", le ha respondido Padín a Saavedra durante el interrogatorio.

La citada documentación resultó clave para que la Udyco pudiera relacionar los pagos de Roca a J.M. con la identidad de Julián Muñoz. "¿Si el señor Roca ocultaba su patrimonio con capas de cebolla, como dice el fiscal, cómo podía conocer Julián Muñoz que estaba haciendo un favor a Roca?", ha preguntado Saavedra a los peritos de Hacienda.

Ramón Rey ha señalado que no le constaba la "necesidad" de que Muñoz conociera el patrimonio del principal acusado "para favorecerle con sus decisiones como alcalde", ha detallado el perito.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria que han depuesto han precisado que Roca "tuvo el control fáctico del Ayuntamiento de Marbella desde la moción de censura (agosto de 2003). Antes controlaba el urbanismo". A juicio de Padín y Rey "el caso Malaya era la demostración de que Roca era el alcalde de facto de Marbella".

Además

"CASO GÜRTEL"; LA AUDIENCIA RECHAZA LEVANTAR EL EMBARGO DE LOS BIENES DE CORREA

JUSTICIA
El empresario solicitaba esta medida para hacer frente al pago de su abogado
El tribunal recuerda que siempre puede 'pedir asistencia letrada gratuita'

Manuel Marraco | Agencias | Madrid

Francisco Correa. | Foto: B. Pajares

La Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Francisco Correa, presunto cabecilla de la 'trama Gürtel', de que se levante el embargo que pesa sobre sus bienes para poder pagar a su abogado. El auto señala que no se ha vulnerado su derecho de defensa porque siempre puede "pedir y obtener asistencia letrada gratuita".

Así, el tribunal, formado por los jueces Ángela Murillo (presidenta y ponente), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel, ha rechazado la petición del abogado de Correa, José Antonio Choclán, para que se desbloqueara una parte del patrimonio embargado a su cliente, a fin de que pudiera abornarle 120.000 euros en concpeto de minuta y otros 3.500 a su procurador.

Esta decisión de la Sección Cuarta se produce después de que el juez Pablo Ruz autorizara el desbloqueo de unas cuentas de la madre de Francisco Correa para que pueda pagar la fianza de su hijo y salga en libertad provisional. Los fondos desbloqueados ascienden a 400.000 euros y la fianza impuesta a Correa, tras sucesivas rebajas, es de de 200.000 euros.

El auto, que destaca los "argumentos jurídicos de verdadero peso" defendidos por la Fiscalía para oponerse a la medida, pone de manifiesto que el embargo de las cuentas de Correa no supone "vulneración al derecho de defensa" del imputado, ya que, "si fuera cierto que carece de otros bienes" para sufragar los honorarios de su letrado y procurador, podría "pedir y obtener asistencia letrada gratuita, como cualquier otra persona". "El Estado le garantizaría la oportuna asitencia técnica", recuerdan los jueces.

Los jueces añaden que su imputación en el 'caso Gürtel' por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, apunta a que sus bienes tienen un "origen ilícito" y no lícito, como sostiene su letrado.

Por último, los magistrados le recuerdan que, si resultase probado algún día que sus bienes son de origen ilícito, deberá destinarlos a sufragar la responsabilidad civil subsidiaria acordada por el tribunal.

Además

EL EXALCALDE DE CÓMPETA SERÁ JUZGADO POR OTRO DELITO CONTRA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TRIBUNALES | Dio licencias en suelo no urbanizable
Se enfrenta a dos años de prisión e inhabilitación durante diez años
También están acusados cuatro ediles y la secretaria municipal

Efe | Málaga

El ex alcalde de Cómpeta (Málaga) Leovigildo López Cerezo (PP) se sentará de nuevo en el banquillo y será juzgado la próxima semana por un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de diversas licencias de obras en terreno no urbanizable, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) constituyentes de fraude.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, López Cerezo se enfrenta a dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años, en una vista en la que serán juzgados además cuatro concejales, un arquitecto técnico municipal y la secretaria del ayuntamiento, entre otros.

Las conclusiones del fiscal han señalado que el ex alcalde, condenado en sendas sentencias del 2008 por otro delito contra la ordenación del territorio y por uno de prevaricación y que está inhabilitado para el cargo público por otra sentencia de 2011, ideó junto con los concejales y el arquitecto la concesión de licencias de obra en suelo no urbanizable "a sabiendas que no podían ser aprobadas".

Al parecer, los acusados habrían utilizado los denominados Proyectos de Actuación, previstos en la LOUA, como medio para conseguir que se siguiera construyendo en aquellos casos en que según la Ley "ya no era posible hacerlo".

De este modo, según añade el escrito, se informaba a aquellos que solicitan licencia de obras del "camino a seguir" para que, en aparente cumplimiento de la LOUA, consiguieran una finalidad distinta de la prevista.

Con objeto de darle "cierta cobertura jurídica" y ante las reticencias de la secretaria del ayuntamiento, también acusada, se contrató un asesor jurídico externo, que habría formulado informes en los que señalaba que "no existía inconveniente legal para la aprobación" de las licencias.

"En ejecución de este plan preconcebido", indica la Fiscalía, fueron otorgadas hasta ocho licencias, entre las que destacan las concedidas a dos de los acusados, que "puestos previamente de acuerdo" utilizaban dicho método para conseguir las autorizaciones pertinentes.

En estos procedimientos, el fiscal considera que se utilizaron los informes del arquitecto y del asesor jurídico, en los que "utilizando un modelo tipo" en el que de forma genérica y sin referirse a la parcela objeto de la actuación establecía "está justificado el destino de la finca con el fin agrícola".

Así, hasta ocho construcciones, en su mayoría viviendas unifamiliares, fueron autorizadas entre el 2003 y el 2006 en varios parajes de la localidad, obras que según la Fiscalía deben ser decretadas como nulas y demolidas en cuatro de los casos.

La Audiencia Provincial de Málaga acogerá la apertura del juicio oral, previsto para el próximo 8 de junio en el Juzgado de lo Penal número 4.

"LA TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA INVESTIGA EL"ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO" DE GARRIGUES Y VILLASÍS CON LOS ERE

Ambos despachos han mediado en las ayudas concedidas
Un atestado recoge 'discordancias' en el IVA declarado
Ha pedido a Garrigues un informe detalle sobre su personal y funciones
De momento, hay imputados dos letrados de cada despacho
Garrigues tiene 20 días para entregar todas sus cartas de encargo y contratos

Efe | Sevilla

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha abierto una línea para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" de los despachos de abogados Garrigues y Villasís, mediadores en las ayudas concedidas a través del llamado 'fondo de reptiles'.

La juez Mercedes Alaya, en un auto, destaca, entre otros hechos "llamativos", la discordancia que existe entre los 724.388 euros que la Junta declaró, a efectos de IVA, haber recibido en servicios de Garrigues en el año 2003 y los solo 49.160 euros que este despacho manifestó haberle facturado.

Se trata de una "discordancia" de 675.228 euros que la juez considera "significativa" y por ello acuerda requerir a la sede central de Garrigues en Madrid para que informe sobre el "organigrama detallado, por departamentos", de su oficina en Sevilla, con especificación de las funciones de cada uno desde 1999 hasta la actualidad.

Autos notificados
Entre el medio centenar de personas imputadas hasta ahora, entre "intrusos" de los ERE y cargos de la Junta, se encuentran los letrados José Miguel C.R. y Juan Antonio L.C., del bufete Garrigues, y Carlos L.B. y Daniel G.M., de Estudio Jurídico Villasís.

En uno de los autos notificados el pasado viernes a las partes personadas, la juez de Instrucción 6 de Sevilla precisó que el objeto de la "nueva línea de investigación" abierta por ella misma y por la Guardia Civil son estos dos bufetes y su presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones concedidas".

Por ello, pide a la Junta y a la oficina central de Garrigues para que aporten, en un plazo de veinte días, todas sus cartas de encargo, pliego de condiciones para la adjudicación de contratos, facturas emitidas, expedientes de gasto, medios de pago e informes derivados de dicha prestación.

Un abogado caro porque paga la Junta
Ambos despachos intervinieron en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) investigados, en los que se detectaron "intrusos" que nunca habían trabajado en las empresas y otras irregularidades como haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar una factura de Garrigues para la empresa Acyco.

El 16 de mayo, la juez interrogó como imputado al jefe de Recursos Humanos de Acyco y entonces expresó su extrañeza por el hecho de haber contratado a "un despacho tan caro como Garrigues" para tramitar el ERE, a lo que el imputado respondió que no era necesario, dado que él mismo era abogado, aunque añadió que eso no le preocupaba a nadie en la compañía "porque la impresión que tenían es que todo iba a estar financiado por la Junta".

Alaya también preguntó por la participación en el ERE de Acyco del coordinador en material laboral de Garrigues y por el presunto conocimiento, por parte de este bufete, de que la presidenta de Acyco había sido incluida en el ERE pese a seguir trabajando al frente del consejo de administración.

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