lunes, 1 de octubre de 2012

"CASO BRUGAL": EL TSJ IMPUTA A LOS DOS ALCALDES DEL PP DE ALICANTE POR COHECHO

Sonia Castedo recibe la felicitación de su predecesor, Luis Díaz Alperi, tras tomar posesión como alcaldesa de Alicante. / pepe olivares


Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi están acusados de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información

Santiago Navarro / Rosa Biot Alicante

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados de un amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. El magistrado Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas claves del sumario de caso Brugal) ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.

El instructor inicial de esta causa, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada al condición aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.

Climent, en una providencia firmada hoy,  ha asumido los argumentos del juez instructor de esta causa, ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante y lo ha citado a declarar.

La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor, mantiene que Castedo y Alperi redactaron el planeamiento siguiendo los "deseos" de Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche Mini.

En este sumario, además de Castedo y Alperi, hay un total de 16 imputados. Los más destacados son el promotor Ortiz, el redactor del PGOU, el arqutictecto Jesús Quesada, y el abogado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa.

Castedo ha optado de momento por no hacer declaraciones tras conocer la citación

El TSJCV investiga la rama del "caso Brugal" sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, después de que la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal se declarara competente el pasado mes de septiembre para asumir esta causa, pues Castedo y Díaz Alperi tiene la condición de aforados por su condición de diputados autonómicos.

En esta pieza separada del caso Brugal, el juzgado de instrucción alicantino observó, antes de remitir la causa al TSJCV, supuestos amaños en el citado PGOU a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, uno de los imputados.

Según refleja la providencia del magistrado instructor, Juan Climent, se atiende el escrito elevado por la representación de Castedo en el que se solicitaba que ésta fuera llamada a declarar con carácter de urgenca.

Contra la presente resolución de citación cabe interponer recurso de reforma, según recuerda el magistrado, que ha citado a la alcaldesa de Alicante a las 10,00 horas del próximo 19 de octubre, y a Díaz Alperi, dos horas más tarde.

El instructor observó indicios de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

En función de los indicios, Tejada entendía que el supuesto cohecho podría haberse producido como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Díaz Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU".

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añadió en su razonamiento el juez alicantino.

Castedo aseguró el pasado 5 de julio que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara".

"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.

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EN OTROS MEDIOS

LA EXALCALDESA MÓNICA LORENTE SE NIEGA A DECLARAR ANTE LA JUEZ DEL "CASO BRUGAL"


TRIBUNALES | Imputada por cinco presuntos delitos
Ha presentado un recurso contra el auto que la imputaba en junio de 2012

Juan Nieto | Agencias | Orihuela (Alicante)

La ex alcaldesa de Orihuela y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela, Mónica Lorente, se ha negado a declarar en el juzgado de instancia número 3 de la localidad ante la juez de la rama del Caso Brugal por las supuestas ilegalidades en la contrata de basuras de Orihuela, en la que hay otras 47 personas imputadas.

La también ex secretaria general del PP de la provincia de Alicante, que tendría que haber sido interrogada por los presuntos delitos de prevaricación, revelación de secreto o información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude, se ha negado a contestar a las preguntas de la juez y del ministerio fiscal y ha avanzado que sólo contestará por escrito, para evitar interpretaciones.

Junto a ella, también había sido citado su hermano, Jorge Lorente, quien tampoco ha querido declarar. Ambos han estado en la sala tres minutos.

A su salida de los juzgados, Lorente se ha declarado "inocente" de todos los cargos que se le atribuyen y ha explicado a los periodistas concentrados que ha presentado un recurso de reforma contra el auto del 4 de junio de 2012 en el que se la citaba a declarar por la supuesta trama de corrupción relacionada con el servicio municipal de recogida de residuos.

Lorente ha aprovechado también para "culpar" de la investigación policial y de las 48 imputaciones, entre las que se encuentra la suya, "al partido socialista de Antonia Moreno".

Así, la exalcaldesa, que se ha presentado acompañada por los ediles 'populares' David Costa y Pepa Ferrando, ha subrayado no tener "nada que ver con el Brugal", y ha resaltado que su nombre no aparece en el informe policial de 2010 en el que se recogen las conclusiones del caso.

Esta rama de la operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el empresario Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela en las que se revelaban unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad.

Esas grabaciones apuntaban que otra de las mercantiles aspirantes supuestamente habría ofrecido dinero a dirigentes políticos a cambio de resultar adjudicataria.

Las investigaciones iniciales (2006) se dilataron en el tiempo y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.

Entre ellas, las supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja y las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

EL FISCAL DICE QUE LOS ACUSADOS DE MERCASEVILLA PIDIERON "MORDIDAS"


Fernando Mellet, en el centro, llega a los juzgados. | Esther Lobato
TRIBUNALES | Alegaciones previas al jurado
Defiende que los cuatro trabajadores acusados pidieron 'una comisión ilícita'
El abogado de Mellet anuncia que no declarará como 'acto de protesta'.

Maria Rionegro | Sevilla

El fiscal del 'caso Mercasevilla' no tiene ninguna duda de que los cuatros acusados "acordaron" solicitar una "mordida" de 450.000 euros al grupo La Raza, con el objeto de tener un "beneficio ilícito".

El Ministerio Público se dirigió al jurado que enjuicia el primer juicio del 'caso Mercasevilla' para mostrar su "convencimiento" de que los ex directivos de la lonja sevillana, Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira, y el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, pidieron una "comisión ilícita, dávida, recompensa o mordida" a La Raza a cambio de gestionar una escuela de hostelería.

"Querían obtener un beneficio ilícito a costa de La Raza", ha explicado el fiscal en su turno sobre las alegaciones previas. El resto de acusaciones (la Fundación Sociolaboral de Mercasevilla y el PP) también han dado por probado estos hechos, que la Fiscalía ha calificado de "repropables".

Por su parte, el abogado de Fernando Mellet ha anunciado que éste no declarará como "acto de protesta" al considerar que la grabación que dio origen al caso "viola" sus derechos fundamentales, y ha pedido al jurado que no entienda este silencio como una forma de "escurrir el bulto".

Mellet ha intentado en numerosas ocasiones invalidar esta cinta en la que quedaría probada la presunta extorsión a los empresarios, sin embargo, los órganos judiciales nunca le han dado la razón y la consideran legal.

Además

"CASO BRUGAL"; EL TSJ IMPUTA A CASTEDO Y ALPERI POR TRÁFICO DE INCLUENCIAS Y COHECHO


Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, en una imagen de archivo. | Roberto Pérez
TRIBUNALES | El próximo 19 de octubre
Ambos son diputados del PP y tendrán que declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho
Se investigan amaños en el Plan Urbanísticos en favor de Enrique Ortiz
Castedo está citada el 19 de octubre a las 10 horas y Alperi, a las 12.00

Rodrigo Terrasa | Juan Nieto | Valencia | Alicante

El juez instructor del caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha citado como imputada a la actual alcaldesa de Alicante y diputada autonómica Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo, el también diputado autonómico Luis Díaz Alperi, por su supuesta implicación en el caso Brugal, que investiga supuestos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz.

Ambos tendrán que declarar por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Castedo está citada el 19 de octubre a las 10 horas y Alperi el mismo día a las 12.00 horas. Ambos son diputados en las Cortes Valencianas por el PP, por lo que es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que se hace cargo de esta rama de la operación Brugal.

El pasado mes de julio, el juez que investigaba la rama del caso que afecta al Plan Urbanístico en Alicante, Manrique Tejada, concluyó la fase de instrucción solicitando la imputación de la alcaldesa Sonia Castedo y de Alperi.

La medida la tomó tras una exhaustiva investigación que ponía entre las cuerdas a ambos dirigentes. Durante la ronda de interrogatorios, un empresario de Elche, Ramón Salvador, admitió que Ortiz le telefoneó para asegurarle que tenía copia de los nuevos planos de la ciudad cuando estos todavía no eran públicos.

Además, la niñera de la alcaldesa, Julia Castelló, no pudo entregar ningún documento donde quedase acreditado que pagó un vehículo Mini a Ortiz, que Anticorrupción incluye en el paquete de dádivas que se habría llevado la alcaldesa a cambio de filtrar datos reservados sobre el urbanismo de Alicante.

Entre tanto, la alcaldesa ha admitido en declaraciones públicas viajes a Ibiza con Ortiz en pleno proceso de elaboración de los planos.

El nuevo Plan General, cuya tramitación se ha negado a suspender el Consell, tendrá una vigencia de más de 20 años. En este caso también figura como imputado el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, que habría ayudado a Ortiz a redactar los cambios exigidos por el promotor en los planos gracias a la intervención de su hermana, según los investigadores.

Castedo aseguró el pasado 5 de julio, en declaraciones a Efe, que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamentó su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara".

"Ya he sido condenada -en referencia a su continua presencia en los medios de comunicación por estos hechos- y no hay mayor condena que la indefensión", afirmó Castedo.

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