lunes, 8 de octubre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; ALPERI RECURRE SU IMPUTACIÓN EN EL "CASO BRUGAL" POR INDEFENSIÓN

Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante, en su escaño de las Cortes Valencianas. / CARLES FRANCESC

El exalcalde de Alicante y diputado autonómico asegura desconocer los delitos que le atribuyen

EFE Valencia


Luis Díaz Alperi, diputado autonómico del PP y exalcalde de Alicante, ha recurrido su citación para declarar como imputado en el caso Brugal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), con el argumento de que sufre indefensión al desconocer los supuestos delitos que se le atribuyen.

El pasado día 1 se supo que tanto Díaz Alperi como su sucesora en la alcaldía y también diputada popular en las Cortes Valencianas, Sonia Castedo, han sido citados ante el TSJCV para el próximo 19.

Con dos horas de intervalo, han sido convocados para declarar como imputados por tres delitos, respectivamente, en torno a las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz.

Según el TSJCV, el pasado día 3 la representación legal de Díaz Alperi formalizó un recurso de reforma para anular la providencia por la que se le citaba, y que había sido dictada por el magistrado instructor del caso, Juan Climent, quien ahora deberá contestar por escrito antes del 19.

La citación de Díaz Alperi y Castedo por parte del TSJCV se produce después de más de un año de instrucción de esta pieza separada del caso Brugal por parte del juzgado de instrucción número 5 de Alicante.

El titular de éste último, Manrique Tejada, elevó el caso al alto tribunal debido a la condición de aforados tanto del exalcalde como de su sucesora, y en su escrito pedía la imputación de ambos, lo que ha atendido el magistrado Climent al apreciar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada facilitada por autoridad.

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"CASO MERCASEVILLA"; UNO DE LOS EMPRESARIOS RELATA QUE DANIEL PONCE LE PIDIÓ 450.000 EUROS EN UN MALETÍN

Le dijo que la cifra salía de un 'baremo' de la Junta
300.000 euros eran para la Junta y 150.000 para la 'instalación eléctrica'
Debían dejar el maletín 'olvidado en un despacho' del mercado central
Ponce se mostró dispuesto a 'regatear' la cuantía del presunto soborno
Sánchez Cuerda señala que Juan Lanzas intervino en las negociaciones

María Rionegro | Sevilla

Pedro Sánchez Cuerda, socio del grupo La Raza, ha ratificado en el juicio que los ex directivos de Mercasevilla le exigieron un "soborno" de 450.000 euros a cambio de explotar y gestionar una escuela de hostelería, un proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo con 900.000 euros.

El empresario ha explicado que tras varios meses preparando la puesta en marcha de esta escuela, el 16 de enero de 2009 mantuvo una reunión con Daniel Ponce, ex subdirector de la lonja, quien le informó que tenía una noticia buena y otra mala. La buena era la concesión de la subvención y la mala era que habían surgido "dos imprevistos": debían hacer frente a la obra de acometida eléctrica por importe de 150.000 euros y al pago de 300.000 euros para la Junta de Andalucía.

En concreto, y según el empresario, Ponce le dijo que la Junta "tenía un beremo" en función del importe de la ayuda concedida. Además, y para que no pensara que el dinero era para el subdirector de Mercasevilla, éste le dijo que los 300.000 euros los dejaría en un "maletín olvidado en un despacho".

Ante esta petición, Sánchez Cuerda preguntó si el director, Fernando Mellet, estaba al tanto de esa "barbaridad" y que quería una nueva reunión. Tras salir del despacho, el empresario le cuenta lo ocurrido a su socio, José Ignacio de Rojas, quien decide comentarle lo ocurrido a un alto cargo de la Administración andaluza.

Así, De Rojas le relató los hechos a Juan Gallo, jefe de gabinete del Gobierno de Manuel Chaves, quien le advierte que les están estafando y les insta a grabar el siguiente encuentro, como así lo hicieron el 27 de enero de 2009, donde los ex directivos de Mercasevilla ratificaron la petición de la comisión ilegal.

A preguntas del fiscal, Sánchez Cuerda ha señalado que Ponce les dijo que "la Junta colabora con quien colabora" y que su "cometido era recaudar ese dinero y entregarlo". Además, ha dicho que le llamó especialmente la atención que ante su reticencia a aceptar el "soborno" comenzaron a "regatear" y a proponer soluciones legales a la comisión.

Igualmente, ha precisado incluso que con el "regateo" le llegaron a rebajar la 'mordida' a 200.000 euros. Así, ha dicho que siempre se negaron a aceptar dicha petición, que no sabría precisar para quién era el dinero y que sólo sabía que le estaban intentando "robar y estafar".

Igualmente, ha destacado que además del "regateo", también le lanzaron "otros caramelitos", como adjudicarles el servicio de catering del Ayuntamiento de Sevilla y las consejerías o que los cursos que se dieran en la escuela estarían también subvencionados.

Tras entregar la grabación a la Junta, el empreasario ha recordado que Mellet le llamó por teléfono "muy nervioso" y "desdiciéndose" de todo lo comentado en la reunión, "que olvidara la conversación". Después hubo otro encuentro en el que sólo se habló de cuestiones técnicas de la escuela de hostelería.

Por último, Sánchez Cuerda también ha confirmado la presencia de Juan Lanzas en las reuniones previas a la petición de la subvención en el despachos del acusado Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo. Lanzas está imputado en el 'caso de los ERE'.

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