jueves, 25 de octubre de 2012

UN PUBLICISTA DEL PP DE MATAS ADMITE ANTE EL JUEZ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO

CORRUPCIÓN | La parte balear de Gürtel
El fiscal le interroga por el desvío de fondos públicos al Partido Popular
Se camuflaron gastos bajo facturas de encuestas

M. Fuenteálamo | E. colom | Palma
Tras más de dos años de investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil iniciaron ayer por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma una nueva operación contra la presunta corrupción del PP balear durante pasadas legislaturas.
Lo hicieron desplazándose a Madrid y tomando declaración como imputado al que fuera uno de los más destacados publicistas de las campañas electorales de la formación conservadora en 2003 y 2007. El dueño del grupo empresarial Over Marketing, que tanto previa como posteriormente fue regado con numerosos contratos por valor de más de 3 millones de euros a cambio de trabajos públicos que ahora se hallan bajo sospecha de haber sido amañados y maquillados para esconder desvíos de fondos públicos al partido.
Daniel Mercado declaró ayer durante toda la tarde en la Comandancia de Tres Cantos ante el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach y el juez José Castro. En su interrogatorio, Mercado reconoció los amaños y admitió las irregularidades en los contratos, así como un trato de favor con el PP isleño durante la última legislatura de Matas. Los investigadores mostraron al empresario varios contratos investigados así como sus facturas. Entre ellos, una de 20.000 euros del Ayuntamiento de Inca que oficialmente se pagaba por la realización de unas encuestas en la localidad.
Sin embargo, tal y como publicó ayer EL MUNDO/El Día de Baleares, estas facturas incluyeron también el pago de unos talleres de portavocía destinados a un alto cargo del PP de la localidad.
Pero además, Mercado reconoció que la dirección general de Tecnología, que capitaneaba la cuñada de Matas, Encarnación Padilla, mujer de Fernando Areal, fraccionó contratos para Over Marketing. Uno de estos consistió en dar difusión a un plan de colaboración con medianas y pequeñas empresas llamado Ciberpyme y que, según la declaración de Mercado, se distribuyó en varias empresas. Desde este departamento, Padilla contrató al menos en cuatro ocasiones al grupo de empresas de Over, y la cifra total pagada ronda los 100.000 euros.
Los investigadores mostraron al empresario parte de la numerosa documentación incautada, entre la que figuran manuscritos y otras notas internas de sus sociedades que apuntan a una posible alteración en las facturas para camuflar esos pagos.
Documentos internos
A la vista de esta documentación Mercado fue reconociendo irregularidades. El empresario, que fue el encargado de realizar la propaganda para la campaña electoral autonómica de 2003 del PP en las Islas, sostuvo que fue el mismo Jaume Matas quien le contrató en aquella ocasión para realizar la campaña y que después de que éste ganara las elecciones, comenzó a hacer contactos en las Islas con lo que decidió abrir una oficina en Palma.
La declaración de ayer, que está previsto continúe el sábado para seguir analizando contratos y facturas, constituye el primer movimiento reseñable en una nueva fase de una larga operación que previsiblemente desembocará en la imputación de varios políticos destacados del PP de las Islas. Algunos todavía en activo.
De momento, los interrogatorios continuarán esta semana en Madrid y está previsto que se llame a declarar a la mujer de Rodrigo de Santos, María Luisa de Miguel, por un contrato sobre Uniformes de la Policía Turística de la Conselleria de Interior encargado por José María Rodríguez, quien dimitió tras trascender a la opinión pública un informe de la Guardia Civil que demandaba su imputación.
La Guardia Civil y la Fiscalía llevan meses recabando testimonios de empresarios y personas vinculadas a la red de empresas salpicadas por este asunto, de cuya tutela judicial se está ocupando el juez José Castro, conocido por ser el instructor del caso Urdangarin y de toda la macroinvestigación en torno al expresidente autonómico Jaume Matas.

Además
Los interrogatorios proseguirán hasta el sábado

ANTICORRUPCIÓN DESTAPA LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE BALEARES

La trama afecta a tres exconsejeros del Gobierno que presidió Jaume Matas
Las consejerías adjudicaron a dedo contratos a una firma de publicidad
La empresa desviaba parte del dinero público a financiar la campaña electoral
Andreu Manresa Palma de Mallorca

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El fiscal de Baleares Pedro Horrach y el juez José Castro, que investigan el caso Urdangarín, han descubierto indicios de delito en la actuación del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relación a la adjudicación irregular de contratos públicos a una empresa. Con parte del dinero adjudicado a esa firma, el Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campaña electoral.

Los hechos descubiertos por la investigación judicial pueden dar lugar a la imputación de una decena de ex altos cargos del Gobierno de Matas —entre ellos tres de sus consejeros—, así como de varios empresarios. El juez y el fiscal se han desplazado a Madrid para tomar declaración a implicados que residen en la capital.

Por sus características, se considera un asunto gemelo del caso Gürtel. Una primera estimación fija en tres millones de euros el dinero manejado en contratos públicos bajo sospecha.

La investigación comenzó en 2010, tras unos registros a sedes de organismos del Gobierno de Baleares y de distintas oficinas y almacenes de compañías de publicidad.

El núcleo del escándalo radica en las adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicación (Over Mc), controlada por el publicista Daniel Mercado, que ideó las campañas de imagen y estrategia de Matas para las elecciones de 2007 y antes en 2003. Mercado es uno de los implicados que residen en Madrid, su sociedad figura en liquidación en el Registro Mercantil. En el apogeo del PP de Matas abrió una oficina en Palma de Mallorca.

Cuando Matas retornó al poder en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, la mayoría de las 13 consejerías del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP pasaron a contratar trabajos con Over MC. La acusación acumula pruebas de que mediante este mecanismo se financió indirectamente con fondos públicos una parte de las campañas electorales del PP.

La firma de Mercado fue beneficiada con adjudicación de contratos para promocionar nuevas infraestructuras de las islas. Para trabajos similares con el macrohospital de Son Espases, Over Mc cobró 1,3 millones y la mayoría de contratos eran de hasta 12.000 euros, directos sin concurso. El lanzamiento del parque de Sa Riera de Palma costó 120.000 euros. Los contratistas públicos destinaban una partida a publicidad que el Gobierno controlaba y Over MC era la privilegiada.

Un equipo de investigadores de la Guardia Civil ha rastreado en la maraña de expedientes, facturas, la vida económica de empresas y los pagos desde las instituciones vinculadas. Antiguos gestores que trabajaron en el aparato del PP y empleados de Over MC han detallado aspectos sospechosos.

La investigación judicial se ha cobrado ya una primera víctima política. En julio de 2012 fue forzado a dimitir el que era delegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP balear, en cuyo departamento se efectuaron contrataciones oficiales con OverMC.

Cuando trascendió la supuesta irregularidad, Rodríguez ordenó que se averiguase en la Guardia Civil las filtraciones sobre las investigaciones que le implicaban en un caso de corrupción. En el Ministerio del Interior se le invitó a dejar su cargo.

En las carpetas halladas durante el registro en la empresa de publicidad se encuentran apuntes que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones: “Campaña 2007 Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca”.

Otra de las semejanzas con el operativo del caso Gürtel, centrado en el método de contrataciones institucionales paralelas a trabajos partidistas, son los obsequios documentados para altos cargos y sus esposas. En la causa existen listados de regalos de gran lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios.

Tres autonomías bajo sospechaCon la causa abierta por supuesta financiación ilegal del PP balear ya son tres las autonomías donde gobierna el partido conservador sospechosas de una grave práctica de corrupción consistente en adjudicar contratos con dinero público a empresas que acaban financiando actos electorales de esta formación política.

El caso Gürtel, cuyo epicentro es la Comunidad de Madrid, destapó varios casos de supuesta financiación ilegal del PP a través de las empresas con las que intermediaba Francisco Correa, jefe de la trama. El mecanismo era parecido al descubierto ahora en Baleares. Correa influía sobre alcaldes del PP para que adjudicaran contratos a unas empresas determinadas. Estas pagaban comisiones por esas adjudicaciones a la trama Gürtel quien, a su vez, acababa desviando una parte de esos fondos a actos electorales del PP.

En la Comunidad Valenciana, la investigación del caso Gürtel descubrió cómo el Partido Popular financiaba muchos actos electorales con dinero de empresas privadas que, a su vez, eran contratistas de la Administración.

Estas empresas contratistas aparentaban contratar servicios con las firmas de la trama Gürtel y les pagaban unas cantidades de dinero que, en realidad, servían para financiar actos de distintas campañas electorales del PP en esa comunidad autónoma.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana abrió hace meses una causa a la financiación ilegal del PP y mantiene imputados a los empresarios que supuestamente financiaron ilegalmente a esta formación política y a varios miembros del Gobierno autónomo que presidía Francisco Camps.

En la Comunidad de Madrid, el caso Gürtel sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional con una causa única en la que se acumulan distintas irregularidades, entre ellas los contratos adjudicados por determinados Ayuntamientos, gobernados por el PP, que dieron lugar a comisiones ilegales que recaudó la trama Gürtel y que, supuestamente, acabaron financiando actos del PP. 
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