viernes, 30 de noviembre de 2012

MUNAR PIDE SU DESIMPUTACIÓN EN LA CAUSA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE UM


Defiende que ella no era responsable de las finanzas del partido
Asegura que de eso se encargaba Miquel Àngel Flaquer

Europa Press | Palma

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar ha solicitado este viernes el archivo de su imputación en el marco de la causa que investiga la financiación presuntamente irregular de Unió Mallorquina (UM), al defender, tal y como alegó en la declaración que el pasado miércoles prestó ante el juez, que ella no era responsable de las finanzas del partido sino de ello se hacía cargo el expresidente 'uemita' Miquel Àngel Flaquer. Es más, mediante el escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Munar asevera que las acusaciones del excontable de UM Álvaro Llompart, las cuales dieron pie a la Fiscalía a querellarse contra la excúpula de la formación, "carecen de toda credibilidad". Y es que en este sentido, el letrado de la histórica líder de UM, Gabriel Garcías, asevera que las contrataciones a las que hace referencia Llompart y que están siendo investigadas en este procedimiento se realizaron durante las fechas en que ella "no era presidenta de UM ni formaba parte del Ejecutivo" del entonces presidente Francesc Antich.

Durante su comparecencia ante el magistrado, Munar aseguró que "nunca" ha tenido conocimiento de una supuesta entrega de dinero negro en las cuentas del desaparecido partido, cuestión de que en varias ocasiones ha aseverado "no saber nada". De hecho, incidió en que "nunca me comentaron que se pagaban cosas en B", apostillando no haber tenido nunca "fondos del partido", como tampoco, ha recalcado, "he llevado la administración de UM ni he tenido ninguna caja".

El abogado apunta que "Llompart sabe de los hechos que acusa a la señora Munar porque se lo dijo Miquel Àngel Flaquer", lo que significa que "no es sino un testimonio de referencia, porque se lo han contado y, lo que es más importante, el señor Flaquer ha negado que se lo dijera". Mientras tanto, recuerda que Munar "ha afirmado no conocer a don Álvaro Llompart".

"La documentación aportada en su día por el señor Llompart es sesgada, parcial y, según manifestó Flaquer, obtenida ilícitamente", asevera Garcías en su escrito de sobreseimiento, en el que recalca asimismo que "no existe ni un sólo documento en que aparezca la firma de la señora Munar" como tampoco "ningún tipo de prueba" que sustente las acusaciones de asociación ilícita investigada en las pesquisas.

Y es que, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción que dio inicio a este nuevo procedimiento, a la que tuvo acceso Europa Press, los exaltos cargos, puestos de común acuerdo, exigían comisiones supuestamente de entre el 3 y el 10 por ciento del importe de los contratos adjudicados a las distintas empresas que contrataban con la Administración pública.

Unas mercantiles que se veían obligadas al pago de este dinero a cambio de las cuales obtenían garantías de que iban a ser ellas las adjudicatarias de las contrataciones. Así, los querellados, por sí mismos o "con la influencia que tenían en las administraciones por su pertenencia a UM", lograban favorecer a estas mercantiles con contrataciones.

Se investigan en otras causas
La defensa de Munar alega además que en esta causa obran hechos que ya son objeto de investigación en otros procesos como el caso Voltor -en sus piezas relacionadas con la Fundación Coint y Benchmarking- y el caso Ayudas, lo que conduciría, a su juicio, a "conculcar el principio 'non bis in idem'", en virtud del cual la Ley establece que nadie puede ser investigado dos veces por los mismos hechos.

Se trata de una causa en la que también se encuentran imputados Flaquer, la exconsellera insular de Promoción Sociocultural Dolça Mulet, el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer y la de Medio Ambiente Catalina Julve, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, y el exsecretario general de UM Damià Nicolau, quienes han negado haber realizado aportaciones en negro al partido o haber cobrado comisiones por los contratos.

"OPERACIÓN MERCURIO"; EL JUEZ INVESTIGA LOS LAZOS DE LA TRAMA CORRUPTA CON LA DIPUTACIÓN BARCELONESA


Los empresarios se repartían como un cartel el acceso a las adjudicaciones
Los proyectos de urbanización en los que intervino la red suman 10 millones

Jesús García / Rebeca Carranco Barcelona

La Diputación de Barcelona también está en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio, sobre una presunta trama de corrupción urbanística. En dos de los registros practicados el pasado martes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de una serie de expedientes del ente provincial. Dos de los documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del organismo, en el centro de Barcelona.

La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están imputados en la causa. El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol, cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.

El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas. El papel del alcalde —al que los empresarios detenidos aluden con el apodo de El Capo— es central en la trama, sostienen los investigadores. Bustos está al corriente, según esas mismas fuentes, del pago de comisiones a cargos públicos a través de la adjudicación de obras. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un despacho de abogados.

Pero, ¿quién hacía funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actor principal al constructor Melquíades Garrido, que tenía una importante parcela de poder como presidente del gremio local de constructores. Los investigadores describen el funcionamiento de la trama como una suerte de cartel. Garrido y otros decidían, presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo sucedido.

Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa). En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.

Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden, supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo sospecha. Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.

El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos. El exconcejal del Partido Popular en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.

También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso, el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007, antes de llegar a Sabadell.

En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y omisión del deber de perseguir delitos. Está previsto que hoy empiecen a declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos, que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”.

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EL DIPUTADO DEL PP HERNÁNDEZ MATEO, CONDENADO A TRES AÑOS POR PREVARICACIÓN

Fue juzgado por la adjudicación de una contrata de basura en 2004
Fabra anuncia que el diputado dejará su acta y el PP le abrirá un expediente

Valencia

El exalcalde de Torrevieja y actual diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, ha sido condenado a tres años de prisión, multa de siete meses con una cuota diaria de 50 euros y a siete años de inhabilitación especial por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.

Hernández Mateo fue juzgado el pasado octubre en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por la adjudicación en 2004 de la contrata de la basura de Torrevieja en contra de los informes de los técnicos municipales. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El exacalde de Torrevieja es el primero de los 10 diputados del grupo popular de las Cortes Valencianas imputados en casos de corrupción que ha sido condenado por un tribunal. Tras conocerse la condena, el  presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que Hernández Mateo dejará su acta de parlamentario autonómico. Asimismo, ha destacado que el partido le abrirá un expediente "según marcan los estatutos".

"He hablado con él y va a dejar su acta de diputado", ha subrayado el jefe del Consell. Inquirido por si se le expulsará del PP, ha respondido que se le abrirá un expediente "según marcan los estatutos", y ha añadido que "en estos momentos lo que queda claramente de manifiesto es que el señor Pedro Hernández Mateo va a dejar su acta de diputado".

Según el fallo, el exalcalde manipuló el proceso de adjudicación mediante un complejo sistema para conseguir un solo objetivo: adjudicar el contrato, valorado en 97,8 millones de euros, a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios. Esta actuación "solo puede calificarse de arbitraria y lesiva para el interés público" y para el resto de empresas que concurrieron al concurso, señala la resolución, que además condena a Hernández Mateo a pagar una multa de 10.500 euros y a indemnizar al Ayuntamiento con otros 12.000.

Durante la vista, el fiscal pidió tres años de prisión y hasta 23 de inhabilitación para ejercer cargo público para el exalcalde de Torrevieja, que dirigió el Ayuntamiento durante más de dos décadas.  Según sus conclusiones, Hernández Mateo se implicó e intervino en el expediente de adjudicación con un único objetivo de que la decisión beneficiara a la firma elegida en el multimillonario concurso. La gestión de la basura se adjudicó en 2004 a la empresa Necso-La Generala por 97,8 millones de euros en 10 años. El abogado del exalcalde basó su defensa en que no había prevaricación, sino inexactitudes del procedimiento “inocuas por irrelevantes”.

Hernández Mateo también afronta una posible nueva imputación en el TSJ por su negativa a celebrar plenos del Ayuntamiento. Además, aún puede verse afectado por otra causa por tráfico de influencias, relacionada con un pelotazo urbanístico con el que habría ganado 5,4 millones de euros.

La hija de Díaz Alperi ocupará el escaño del exalcalde

EP, Valencia

La hija del exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Cortes Elisa Díaz González es la siguiente en la lista popular por Alicante para ocupar el escaño de Hernández Mateo en cuanto este renuncie al acta tras su condena por prevaricación.

Díaz Alperi, de 35 años, ya fue diputada en la pasada legislatura, ya que entró en las Cortes también sustituyendo a otro parlamentario del PP. Precisamente, en 2009 sustituyó al hoy vicepresidente del Consell, José Ciscar, quien dejó el acta para dedicarse a la Delegación del Consell en Alicante. En esta legislatura volverá a coincidir en el Parlamento valenciano con su padre, imputado en el TSJ por el 'caso Brugal'.

Por su parte, Pedro Hernández Mateo ha sido diputado en la III, IV, V, VI y VII legislaturas y fue presidente fundador del PP de Torrevieja desde 1984; localidad de la que también fue alcalde durante 23 años.

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