martes, 8 de enero de 2013

EL JUEZ: "LOS CONTRATOS DE BALTAR SON UNA AUTÉNTICA CHAPUZA"


Baltar, en la Diputación de Ourense en 2010. / NACHO GÓMEZ

El juez, perplejo, activa la querella del fiscal contra el cacique del PP de Ourense
Su exnuera, enchufada ella misma, empleó a ocho allegados
El juez admite la querella contra Baltar por prevaricación


Cristina Huete Ourense



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José Luis Baltar
Corrupción


El baltarismo no se fraguó solo. El poder omnímodo con el que el fundador de la dinastía, José Luis Baltar, hizo y deshizo durante dos décadas cientos de contratos laborales a enchufados en la Diputación de Ourense —que le sirvieron para perpetuarse en el poder del PP y de la propia institución provincial a través de su hijo— tuvo colaboradores necesarios desde un punto de vista judicial. Entre otros, los jefes de personal, en su mayoría colocados por él mismo, y parientes suyos o de cargos públicos del PP. Y también los sindicatos. Así se desprende de la querella del fiscal contra el viejo cacique ourensano, que ayer admitió a trámite el juez Leonardo Álvarez.

El titular del juzgado número 1 de Ourense se incorporó el lunes a su puesto, se topó con la querella del Ministerio Público y no dio crédito. Algunos de los hechos denunciados y contrastados por la fiscalía “son una auténtica chapuza, en el caso de que no sean un error”, destaca perplejo el juez Álvarez. Hoy mismo hará público el auto que supone la imputación del exbarón del PP de Galicia, a quien citará a declarar después de que desfilen por el juzgado cuatro jefes de personal —supuestamente colocados a dedo por Baltar—, los tres representantes sindicales en la comisión de control de la Diputación — que, según la querella, no controlaron nada— cuatro de los enchufados y, finalmente, ya hacia el próximo mes de febrero, el propio imputado. “Apenas les haré dos preguntas a cada uno”, advierte el titular del juzgado ourensano.

Entre las “cosas tan extrañas” que sorprendieron a Leonardo Álvarez tras la lectura de los 800 folios de la denuncia penal presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado —referida solo a los presuntos 104 empleados a dedo, vinculados al PP, en las vísperas del congreso provincial del partido de 2010, que encumbró a la presidencia provincial al hijo del exbarón, Manuel Baltar— destacan casos como que una sola persona figure contratada, en el mismo periodo de tres meses, para cuatro empleos distintos en otros tantos organismos dependientes de la Diputación. En realidad, ese tipo de prácticas no eran novedosas en el entramado administrativo que crearon los Baltar.

A finales de 2009, cuando ató la sucesión de su hijo al frente del PP de Ourense, José Luis Baltar ya era un experto avezado en la contratación masiva de personas vinculadas al partido a través de la Diputación que presidía. Cuando el bipartito formado por PSOE y BNG se hizo con la alcaldía de Ourense, en las elecciones municipales de 2009, desbancando al PP; se encontró con un sistema de sillas calientes utilizado por los enchufados del exbarón: como no había sitio para todos en las oficinas municipales, los colocados por Baltar en la institución local se turnaban para usar las sillas. Mientras unos salían a tomar el café o a hacer recados, las ocupaban otros. Y todos, aunque trabajaban en el Ayuntamiento de la capital provincial, cobraban de la Diputación.

Cuando, a finales de 2009, Baltar padre pugnaba para amarrar la sucesión de su hijo Manuel al frente del partido, contra una candidatura alternativa auspiciada por Feijóo, la espiral de contrataciones se disparó. El fiscal denuncia en su querella el empleo —sin informes ni proceso de selección, es decir, a dedo— en ese momento, de 104 personas en 19 organismos; ayuntamientos, fundaciones y otras instituciones dependientes o controladas por la Diputación. El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para cuidar tres puertas, aunque, según Baltar, se han reducido ahora a 16) solicitó por vía de urgencia 12 personas más. La primera mujer de Manuel Baltar, enchufada desde hace tiempo como gerente del Teatro Principal de la ciudad, reclamó nueve personas más por la misma vía. Y así hasta 19 organismos. Uno tras otro.

Se contrató a una persona para cuatro empleos distintos en tres meses

El fiscal acusa ahora a Baltar de un delito de prevaricación continuado basado en el enchufismo. Pero solo en el de las vísperas del congreso del PP. Aunque el juez reconoce que podría ampliar esa querella “siempre que los hechos que se documenten estén relacionados con esas contrataciones”. Álvarez explica que su instrucción se ceñirá a los más de un centenar de empleos que el fiscal ourensano tilda de ilegales en ese periodo precongresual. Pero puntualiza que si se presentasen pruebas que evidenciaran que fueron concedidos a cambio de “dádivas”, podría añadir al imputado otros delitos.

Tanto el PSOE, autor de la denuncia registrada en la fiscalía, como el sindicato Manos Limpias han solicitado personarse como acusación particular. Manos Limpias presentará la misma documentación sobre el supuesto incremento patrimonial del autodenominado “cacique bueno” que el pasado año un anónimo registró en la Fiscalía Anticorrupción y de la que este diario informó el pasado julio. Se trata de una extensa documentación que incluye datos sobre el patrimonio personal del ahora jubilado Baltar (diversos inmuebles en Galicia, además de una colección personal de más de un centenar de coches antiguos supuestamente concedidos a cambio de empleos, según la documentación del denunciante) así como de otros políticos de su núcleo duro. Los socialistas intentan aportar, además, documentación relativa a fondos europeos “que no fueron destinados al fin requerido”.

El gerente del edificio cultural (entonces con 33 porteros para tres puertas) solicitó 12 personas más

Mientras el baltarismo se enfrenta por primera vez a la justicia, el heredero del fundador de la dinastía, Manuel Baltar Blanco, evita las comparecencias públicas. Su padre sí da la cara, pero el hijo ha puesto a su brazo derecho en la Diputación y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, a despejar balones.

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UNIÓ ADMITE DEVOLVER EL DINERO MALVERSADO EN EL "CASO PALLEROLS"



El partido ha consignado 388.000 euros en los juzgados para hacer frente a las indemnizaciones

Jesús García Barcelona

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Caso Pallerols
Corrupción política


Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha consignado esta mañana 388.000 euros en los juzgados para hacer frente a las indemnizaciones por el caso Pallerols, de financiación irregular del partido democristiano. El caso se ha saldado hoy con un acuerdo entre la fiscalía y las defensas de los seis acusados, entre excargos de la Generalitat y de Unió. El pacto implica el reconocimiento de los hechos por los acusados, es decir, que se desviaron fondos de las subvenciones destinadas a formación de parados a las arcas del partido. El fiscal, que pedía penas de prisión de siete a once años, ha rebajado a cambio esas penas, lo que evitará su ingreso en la cárcel.

El exdirector de Ocupacion en la época en que ocurrieron los hechos (de 1994 a 1999), Lluís Gavaldà, ha aceptado una pena de un año y medio de cárcel. Otros tres acusados _el exsecretario de organización, Vicenç Gavaldà, el empresario andorrano Fidel Pallerols y el exmilitante Santiago Vallvé_ han aceptado asimismo penas de siete meses de cárcel y, en algunos casos, el pago de una multa.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusaba a la trama de haber desviado casi 600.000 euros de las subvenciones concedidas a Fidel Pallerols a fines ajenos a la formación. El fiscal señalaba que Vicenç Gavaldà debía responder a esa cantidad como responsable civil directo y Unió, como responsable civil subsidiario. Una tercera parte de ese dinero se usó para pagar mobiliario de oficina de las sedes y nóminas de militantes. El fiscal acusaba a Unió de ser partícipe a título lucrativo y le exigía la devolución del dinero. Al final, Unió se ha hecho cargo del pago total de la indemnización, que también se ha rebajado.

Dos de los seis acusados _la exsubdirectora de Ocupación, Dolors Llorens, y la esposa de Pallerols, Mari Cruz Guerrero_ han sido absueltas.

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"CASO COOPERACIÓN"; EL TSJCV REMITE A UN JUEZ ORDINARIO LA CAUSA DE VELA TRAS DIMITIR COMO CONSELLER


TRIBUNALES | Por una supuesta filtración a Blasco
Se investiga si el ex conseller filtró un documento del caso Cooperación

Europa Press | Valencia

El juzgado de instrucción número 6 de Valencia será el encargado de investigar, tras corresponderle por turno, la supuesta filtración por parte del ex conseller de Hacienda y Administración Pública José Manuel Vela de un documento judicial al diputado del PP Rafael Blasco, imputado en el 'caso Cooperación'.

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha dictado un auto por el que se inhibe en favor de un juzgado ordinario para la investigación de la presunta filtración ya que Vela dejó de ser aforado en este órgano al dimitir de su cargo el pasado 30 de noviembre, una decisión que hizo pública unas horas antes de ser imputado por estos hechos por el magistrado de esta sala que inicialmente se hizo cargo de la investigación.

El tribunal, en una decisión con fecha 21 de diciembre, señala, tras haber oido a las partes, que es "obvio" que Vela ha perdido su cualidad de aforado ante la sala al haber cesado como conseller, por lo que este órgano es "objetivamente incompetente" para instruir y conocer de la causa, por lo que acuerda remitirla al Decanato de los Juzgados de Valencia para su reparto al órgano que le corresponda para que continúe con la instrucción.

Según ha informado el TSJCV en un comunicado, el asunto le ha correspondido por turno al juzgado de instrucción número 6 de Valencia que, de momento, no ha adoptado ninguna decisión sobre el procedimiento.

En esta causa también figuraba como imputado el que fuera Interventor General de la Generalitat Salvador Hernándiz García. El Consell le cesó el 14 de diciembre en un momento en que acordó los cambios en el segundo escalón de la administración autonómica tras la última remodelación del Gobierno valenciano.

El magistrado instructor de la causa en el TSJCV decidió el pasado diciembre abstenerse de continuar con la investigación en la que estaban imputados Vela y Hernándiz al carecer de "competencia objetiva" para hacerlo por haber dejado el titular de Hacienda su cargo en el Gobierno valenciano, por lo que ya no era aforado ante este tribunal.

El juez elevó las actuaciones a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV para que acordara lo que estimara oportuno en relación con a quién corresponde la competencia de la instrucción, iniciada a raíz de una denuncia del fiscal por los presuntos delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.

En esa resolución, dejaba sin efecto las citaciones como imputados tanto de Vela como del Interventor General de la Generalitat, Salvador Hernándiz, fijadas para el pasado 12 de diciembre.

La causa tiene su origen en la sesión plenaria de las Cortes Valencianes del 20 de noviembre de 2012 cuando quedaron registradas imágenes en las que, según señalaba el magistrado instructor en una resolución, "según parece", José Manuel Vela hizo entrega al diputado Rafael Blasco, imputado en el 'caso Cooperación', de un sobre que contenía un documento que había sido solicitado por un juzgado a la Intervención de la Generalitat en relación con la causa en la que investigaba presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad que dirigió Blasco. Ese caso se encuentra actualmente en instrucción en el TSJCV.

"CASO EMARSA"; EL JUEZ INVESTIGARÁ LOS REGALOS DE NAVIDAD DE LA EMPRESA EMARSA ENTRE 2004 Y 2008


CORRUPCIÓN | Saqueo de la depuradora de Pinedo
Ordenan incorporar a la causa los inventarios custodiados por Emshi

Europa Press | Valencia

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de más de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, investigará los regalos de Navidad de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) entre los años 2004 y 2008.

Así consta en un auto con fecha de 7 de enero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación.

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) presentó al juez un primer inventario de la documentación recogida en Emarsa tras los trabajos de estudio y clasificación efectuados por los responsables de la entidad, de conformidad con los listados elaborados y rubricados por los funcionarios responsables de su confección, pertenecientes a las áreas de Intervención, Secretaría y Área Técnica. Esto fue aprobado por el ex presidente de Emarsa, Enrique Crespo, quien está imputado en este procedimiento. Asimismo, la Emshi ha aportado un segundo inventario con más documentación procedente de Emarsa.

El magistrado ha acordado incorporar a la causa estos inventarios aportados por la Emshi porque le permite, tanto a él como al ministerio fiscal y al resto de partes personadas, tener conocimiento de la documentación de Emarsa custodiada por la Emshi.

Ahora bien, el magistrado se plantea la posibilidad de que la incorporación de un inventario relativo al ex gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, pudiera o no afectar al derecho a su intimidad. Por este motivo, incorpora a las diligencias tan solo los documentos que contiene una caja, la número 6, relativos a regalos de Navidad entre 2004 y 2008 y una comida de empresa navideña en 2005.

Sobre estos últimos documentos, el juez entiende que "en modo alguno" se ve afectada la intimidad de Cuesta, y agrega que la unidad de estas hojas "puede ayudar a esclarecer el apartado de la investigación referente a tales regalos". Respecto al resto de documentos relativos a Cuesta, descarta unirlos a las diligencias de investigación por si supone una injerencia en el derecho fundamental.

En esta misma resolución, el magistrado dedica un apartado a resolver una solicitud del abogado de Enrique Crespo en referencia a que se devolvieran a sus propietarios las agendas que obraban en la Emshi, y a que se decretara la nulidad completa de las mismas.

Al respecto, el magistrado rechaza la solicitud puesto que "no se ha realizado por el procedimiento legalmente establecido". Así, indica que la petición se formuló por medio de un "simple" escrito de alegaciones "en lugar de haberse interpuesto el correspondiente recurso", bien contra la providencia por la que se acordó tener por aportadas dichas agendas de trabajo; o bien contra el auto por el que se ordenó incorporar a las diligencias estos materiales.

Además

EL JUEZ INTERROGARÁ A BALTAR COMO IMPUTADO Y A 15 TESTIGOS EN ENERO


José Luis Baltar, en una imagen reciente. | El Correo Gallego
GALICIA | Ex presidente de la Diputación de Ourense

Leonardo Álvarez ha librado las notificaciones a los 15 comparecientes
Baltar prestará declaración tras el interrogatorio de todos los testigos
El PP contraataca con una lista de familiares 'enchufados del PSOE'

Marcos Sueiro | Ourense

El juez de Instrucción número 1 de Ourense ya ha librado las notificaciones a los 15 comparecientes en el proceso contra José Luis Baltar, que declarará a finales de enero.

Del conjunto de personas que serán interrogadas por Leonardo Álvarez sólo el ex presidente de la Diputación, comparecerá en calidad de imputado y el resto lo harán en calidad de testigos. Y es que el juez sólo aprecia, por el momento, responsabilidad penal en la conducta de Baltar.

Según han confirmado fuentes judiciales, el imputado y los testigos recibirán la notificación en su domicilio a finales de esta semana y los interrogatorios comenzarán en este mismo mes de enero. El juez quiere concluir la fase de instrucción lo antes posible.

De hecho, ya ha examinado la querella del fiscal y, según ha podido saber ELMUNDO.es, existen contratos de personas que no tienen relación alguna con el Partido Popular, de ahí que la instrucción se centre en la celebración de contratos sin la publicidad necesaria.

La Fiscalía sostiene que 104 contratos se realizaron a dedo, sin los informes técnicos correspondientes, y aparecen firmados de puño y letra del propio ex presidente de la Diputación.

Desde el juzgado no se ha facilitado el orden de comparecencia aunque si se ha confirmado que Baltar será el último en prestar declaración en el juzgado ya que al imputado es al último al que siempre se le toma declaración.

Reacciones políticas
El Partido Popular de Ourense se defiende atacando a la oposición socialista. La denuncia del grupo provincial ha servido al fiscal para interponer una querella que podría poner en peligro la inmunidad judicial a las políticas practicadas desde hace 22 años por el baltarismo.

El ataque contra los socialistas, encabezado por el secretario general del PP en la provincia, Rosendo Fernández en compañía de diputados nacionales, autonómicos y la presidenta de Nuevas Generaciones, se centró en los dirigentes provinciales del PSdeG-PSOE.

Según reveló Rosendo Fernández, la secretaria de Organización y diputada en el Parlamento gallego, María Quintas milita en el PP desde 31 de marzo de 1989 y se le ha dado de baja de facto al concurrir a diversas elecciones en la candidatura del PSdeG. Además, y en un listado muy pormenorizado, Fernández dio lectura a una lista de familiares de altos cargos de la oposición que trabajan en servicios públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE.

La lista es especialmente significativa ya que todos los parientes, hermanos, primos, hijos, sobrinos, están vinculados a la dirección del partido. A medida que Rosendo Fernández iba leyendo la relación añadía la coletilla "imagínenos que con publicidad, igualdad, mérito y capacidad".

Los 'populares' consideran que el mayor triunfo político de la oposición fue la interposición de la querella por la fiscalía "porque son incapaces de generar una alternativa y van de fracaso en fracaso en todas las convocatorias electorales". Además, avisan de que "las apariciones estelares de los dirigentes del PSOE no evitan la imagen de un partido en descomposición en el ámbito nacional, provincial y municipal frente al respaldo mayoritario de los ciudadanos al proyecto del PP".

En la comparecencia del PP, el secretario provincial, Rosendo Fernández, anunció que "respetamos la acción de la justicia" y ratificó que la Diputación, de la que es vicepresidente, colaborará de forma activa con la administración judicial para esclarecer todos los hechos.

Aprovechó para rechazar que "los contratos temporales se relacionen con la celebración del congreso provincial de 2010 porque sólo se beneficiaron de las contrataciones el 0,49% de los compromisarios.

La reacción socialista no se ha hecho esperar y media hora después de la comparecencia de los populares, la dirección socialista pedía la intervención directa de Mariano Rajoy y de Alberto Núñez Feijóo.

Y es que la secretaria de Organización del PSdeG-PSOE, María Quintas, recordó la frase del presiente del Gobierno en la que decía que "Baltar es el PP de Ourense" y también la petición de ayuda que el presidente de la Xunta realizó a José Luis Baltar en las vísperas de las elecciones autonómicas para "ganar las elecciones" y para eso "hay que ir casa por casa, aldea por aldea, camino por camino".

Finalmente, y ante la acusación realizada por el secretario provincial del PP, Rosendo Fernández, sobre la afiliación de la secretaria de Organización en las filas 'populares', la aludida ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de que se redacte una querella por un delito de injurias "porque no soy militante del PP".

Quintas añadió que "la trama de corrupción debe provocar la intervención inmediata del presiente del PP, Mariano Rajoy, y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

EL "CASO PALLEROLS" LLEGA A JUICIO CON UNIÓ ACUSADA DE FINANCIACIÓN IRREGULAR


CORRUPCIÓN | Escándalo que estalló en los últimos años de Pujol
El fiscal reclamará al partido 200.000 euros como partícipe en el fraude
La trama desviaba el 10 % de cursos de formación pagados por la UE
Entre los imputados hay dos ex altos cargos de la conselleria de Trabajo

Efe | Barcelona

La Audiencia de Barcelona inicia mañana el macrojuicio por el caso Pallerols, un entramado de supuesta corrupción vinculado a un fraude en cursos de formación en la década de los noventa, en el que el fiscal reclama a Unió Democràtica (UDC) casi 200.000 euros como partícipe a título lucrativo.

El 'caso Pallerols', que estalló al final de los años de gobierno de Jordi Pujol, sentará en el banquillo de los acusados -si no hay un acuerdo de última hora entre las partes- a seis procesados, entre ellos dos ex altos cargos de la consellería de Trabajo y a militantes de Unió, acusados de urdir una trama para desviar el 10 % de las partidas para cursos de formación subvencionados por la Unión Europea.

En su escrito de acusación provisional, el fiscal apunta que la trama adjudicó entre 1994 y 1999 cursos de formación por un total de 8,8 millones de euros desde el departamento de Trabajo, dirigido por UDC, a tres sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols, a cambio de que les devolviera un 10 % del importe, que en buena parte acabó en las arcas de Unió.

Según el fiscal, el caso vino propiciado por una "confluencia de intereses" entre Fidel Pallarols, ex altos cargos del departamento de Trabajo y exdirigentes de Unió acusados, ya que el empresario andorrano pudo incrementar la actividad de sus empresas, mientras que los políticos vieron la oportunidad de obtener de las subvenciones una vía para sufragar gastos del partido, de los responsables del departamento y también personales.

Concesión de subvenciones
El fiscal considera que el entonces director general de Ocupación Lluis Gavaldá, para quien pide 9 años de cárcel, jugó un papel "determinante" en la trama junto con la ex directora general de Ocupación Dolors Llorens, para quien también reclama 9 años, ya que ambos intervinieron "de forma decisiva" en la concesión de las subvenciones y se lucraron con la operación.

Por el contrario, el fiscal exculpa al entonces conseller de Trabajo Ignasi Farreras porque considera que, si bien era quien firmaba la concesión de las subvenciones, lo hacía fruto de una "mera revisión formal del expediente" que le llegaba "directamente condicionada y determinada" por los informes previos tramitados y gestionados por la dirección general dirigida por Lluis Gavaldá.

El fiscal considera además que el exdirigente de Unió Vicenç Gavaldá, hermano del exdirector de Trabajo, jugó un "papel decisivo" en la trama, ya que medió para que dicho departamento adjudicara los cursos a las empresas de Pallerols y urdió entre ambas partes el desvío de fondos, por lo que le pide 11 años de cárcel.

El ministerio público también pide 11 años de cárcel para Fidel Pallerols, un empresario que mantenía una estrecha relación personal con Lluis Gavaldá, ya que ambos compartían celebraciones familiares, vacaciones e inversiones empresariales.

10% del importe de los fondos
En su escrito, el fiscal detalla que la "conjunción de intereses" entre los implicados fraguó en un acuerdo con la "última finalidad" de conseguir que una cifra cercana al 10% del importe anual de los fondos públicos para cursos de formación que recibían las empresas de Pallarols de parte del departamento de Trabajo fueran desviados a fines ajenos a las actividades formativas.

Para lograr un margen económico que facilitara el desvío, Pallerols sobrevaloró, según el fiscal, los costes reales de las tres empresas que impartían los cursos -Teosa, Andsa y Ceifsa- y en ocasiones cobró por cursos que no impartió o consignó un mayor número de alumnos de los que realmente asistían a clase.

En su pormenorizado escrito de acusación, el fiscal detalla que del 10 % del dinero de las subvenciones desviadas, Unió Democrática de Cataluña se benefició al menos de 197.284 euros, de los que ahora pide que responda como responsable civil a título lucrativo.

Según el fiscal, el dinero que fue a parar a las arcas de Unió se derivó para la compra de material de oficina y componentes informáticos para sedes de la formación democristiana -un total de 38.978 euros- y para pagar nóminas de trabajadores -158.306 euros-.

Se da la circunstancia de que el juicio por este caso que salpica a Unió Democràtica de Catalunya se inicia a los pocos meses de que un juez de instrucción de Barcelona impusiera a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) -los socios de Unió en CiU-, una fianza de 3,2 millones de euros al entender que el partido se ha lucrado con el expolio confeso del Palau de la Música cometido por Fèlix Millet.

EL JUEZ LLAMA A DECLARAR A JOSÉ LUIS BALTAR COMO IMPUTADO


José Luis Baltar, en una imagen reciente. | El Correo Gallego
JUSTICIA | Querella por prevaricación
Dictará un auto mañana en el que comunica el inicio del procedimiento
La querella interpuesta por el fiscal le acusa de un delito de prevaricación

Marcos Sueiro | Ourense

El juez de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha tomado la decisión de llamar a declarar a José Luis Baltar en calidad de imputado por un delito continuado de prevaricación tras admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado. En concreto, la Fiscalía sostiene que 104 contratos se realizaron a dedo, sin los informes técnicos correspondientes, y aparecen firmados de puño y letra del propio ex presidente de la Diputación.

Según ha podido saber ELMUNDO.es, el titular del juzgado número 1 de Ourense dictará dos autos. Será en el segundo de los pronunciamientos cuando comunique la imputación formal de José Luis Baltar, que prestará declaración con esa condición procesal. De momento no se ha podido precisar el día de la declaración.

Por su parte el ex presidente de la Diputación de Ourense ha afirmado estar "encantado" de poder acudir al juzgado a prestar declaración. Según ha afirmado en una entrevista en Radio Ourense, demostrará que "todo está bien hecho" y podrá aportar su versión.

El juez, como anunció ELMUNDO.es, estudió durante todo este fin de semana la documentación agrupada en dos tomos y acumulada en más de 300 páginas que permitirán iniciar un procedimiento judicial contra el 'cacique bueno' que durante más de 20 años controló el PP de Ourense, la Diputación Provincial y condicionó la política en Galicia.

En las próximas horas se dará a conocer un auto en el que da traslado a las partes del inicio del procedimiento contra el barón 'popular'. Y es que la contundencia de los planteamientos del fiscal jefe, Florentino Delgado, presagiaban que la decisión del juez era cuestión de horas.

Finalmente, y tras incorporarse a primera hora de esta mañana a su despacho en la sede general de los juzgados, ha tomado la decisión de iniciar un procedimiento penal que puede finalizar con la inhabilitación del todopoderoso Baltar. Además del político del PP, llamará a declarar a cuatro jefes de servicio de la Diputación y a nueve de los contratados.

La investigación se inicia a raíz de una denuncia del PSdeG-PSOE que en el verano de ese año entregó a la Fiscalía un escrito en el que se repasaban los contratos realizados en el citado periodo, 104 de los 115 sin informes técnicos.

Los socialistas sostienen que esas incorporaciones estaban relacionadas con el congreso porque, al tratarse de personas relacionadas directa o familiarmente con el partido, Baltar trataría de ganar apoyos para la candidatura de su hijo, José Manuel. No obstante, la querella del fiscal se fundamenta en la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad debido a la falta de publicidad en las convocatorias.

Además

MÁS DE 300 POLÍTICOS ESPAÑOLES ESTÁN IMPUTADOS EN CASOS DE CORRUPCIÓN


JUSTICIA | Baleares y Comunidad Valenciana a la cabeza
Los casos afectan a todos los niveles de la administración
Además, hay en marcha investigaciones sobre entidades financieras

Europa Press | Madrid

Más de 300 políticos españoles están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia.

Además, están en marcha investigaciones sobre la gestión de distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte diversos políticos.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno -como el ex ministro José Blanco, relacionado con la 'operación Campeón'-, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales.

Alguno de los casos más llamativos de corrupción descubiertos en el seno de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman casi un centenar de imputados entre cargos y ex altos cargos públicos. La mayoría tuvieron lugar durante la última legislatura del expresidente Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato.

Entre las operaciones en marcha en las Islas Baleares destacan casos como el que investiga las actividades presuntamente irregulares cometidas a través del Instituto Noós, que presidía Iñaki Urdangarin, o el 'caso Over Marketing', en el que está implicado el 'popular' Pere Rotger, que recientemente dimitió de su cargo como presidente del Parlamento autonómico aunque mantiene el escaño.

También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández renunció a su escaño el pasado día 4 tras ser condenado a tres años de prisión por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.

Hace pocas semanas dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como conseller de Hacienda por la presunta filtración de un documento que había pedido el juzgado. Diversos ex altos cargos de la administración de Francisco Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan investigaciones tan importantes como la 'operación Gürtel' o el 'caso Noós'.

Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, un ex parlamentario socialista o el ex delegado provincial de Empleo.

Corrupción municipal
Sin embargo, la mayoría de los casos de corrupción abiertos en España se despliegan por sus más de 8.000 municipios, en los que hay casi medio centenar de ex alcaldes y una treintena de alcaldes en el poder que están siendo investigados judicialmente. Algunos de estos mandatarios envueltos en casos judiciales son alcaldes de ciudades tan importantes como Murcia, Alicante, Lugo, Valladolid o Sabadell. A estos se suman varias decenas de concejales también implicados en estos escándalos locales.

La mayoría de los regidores municipales están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas. Es el caso de los casos 'Pretoria' o 'Mercurio', abiertos en Cataluña, que investigan presuntas tramas de corrupción en Santa Coloma de Gramanet, Sant Andreu de Llavaneres y Sabadell.

En Galicia son numerosos los casos judiciales que afectan a diversos municipios y que han llevado a la imputación a alrededor de una docena de sus alcaldes; además de provocar la dimisión de otros alcaldes como los de Santiago de Compostela, Gerardo Roa, que dejó el cargo después de no haber declarado 291.000 euros en concepto de IVA de la venta de unas viviendas de su promotora.

También concentran varios casos de corrupción los municipios de Canarias, donde hasta una decena de regidores están imputados en diferentes casos judiciales, además de varios que ya han dejado el bastón de mando.

Mientras, en la Comunidad de Madrid el caso de mayor corrupción abierto es 'Gürtel', que ha salpicado a cuatro alcaldes de la comunidad y tres ex diputados autonómicos. También está imputado el ex alcalde de Getafe y ex alcalde de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

Los escándalos de corrupción afectan además a numerosas localidades como Camas (Sevilla), donde el ex alcalde y dos concejales han sido condenados a 14 meses de cárcel; Piélagos (Cantabria), Plasencia (Cáceres), La Muela (Zaragoza), Cabrales (Asturias) o Águilas (Murcia).

La mayoría de estas operaciones están relacionadas con delitos urbanísticos, aunque hay casos curiosos como el del municipio gallego de Melón, con sólo 1.400 habitantes y en el que la alcaldesa -que relevó en el cargo a su marido inhabilitado- ha sido imputada por supuestamente participar en la manipulación de una hoja de control de trabajos comunitarios a un vecino que no los cumplía.

En Galicia, el exalcalde de la localidad coruñesa de Santa Comba fue inhabilitado para cargo público por conceder hasta 43 licencias de 'tablaos' flamencos en el municipio para prolongar la hora de cierre de los locales de hostelería.

También está el caso del municipio cántabro de Las Rozas de Valdearroyo, en el que el alcalde nombró al inicio de la legislatura actual como concejal del Medio Ambiente a Juan Carlos Lantarón Pérez, condenado en febrero de 2006 a seis meses de cárcel y el pago de una multa tras declararse culpable de un delito de incendio forestal.

Hay casos más llamativos, como el del concejal de Burgos que dimitió tras gastar 207.000 euros en dos meses con el teléfono móvil del Consistorio, o el del Ayuntamiento de Torrevieja, en el que algunos ediles utilizaron sus terminales para hacer llamadas a prostitutas o suscribirse a un canal porno.

En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos, como es el caso de la ya extinguida formación Unió Mallorquina, desaparecida después de que sus dirigentes, con Maria Antonia Munar a la cabeza, estén relacionados con hasta nueve casos de corrupción.

En Cataluña está abierto el 'caso Millet', que estudia la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta centenaria institución cultural barcelonesa. Además del ex presidente de la entidad, Fèlix Millet, y el ex director financiero, Jordi Montull, están imputado el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el ex secretario de Comunicación y actual director de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, Mar Puig.

Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la CAM, en los que están imputados exmiembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, ex secretarios de Estado, ex diputados o ex alcaldes. También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.

EL FISCAL JEFE DE OURENSE SE QUERELLA CONTRA JOSÉ LUIS BALTAR POR PREVARICACIÓN

José Luis Baltar. | Efe
POLÍTICA | Contratación de personal
Contrató a más de 100 personas en las vísperas del Congreso del PP de 2010
Presidió el partido en la provincia durante 20 años y le sucedió su hijo
El PSOE cree que esto es 'la punta del iceberg de una trama de corrupción'

Marcos Sueiro | Ourense

El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, ha interpuesto una querella contra el ex presidente del PP de Ourense y de la Diputación Provincial, José Luis Baltar por delito continuado de prevaricación en la contratación de personal concretado en las vísperas del Congreso Popular ourensano, celebrado en enero de 2010, cuando la institución provincial contrató a más de un centenar de personas. En ese momento el Partido Socialista llevó los contratos a la Fiscalía, que por vez primera se querella contra el autoproclamado "cacique bueno".

Y es que la diputación ourensana se hizo famosa en todo el Estado como una importante máquina de dar empleos y se ha convertido en el instrumento de la familia Baltar para condicionar al PP de Fraga y de Núñez Feijóo. De hecho, Baltar ha conseguido controlar políticamente la provincia y es imbatible en cualquier cita electoral. Su poder, casi omnímodo en el territorio, lo convirtió en un elemento imprescindible al que el propio Mariano Rajoy considera y agradece públicamente su compromiso con el partido.

La suerte de Baltar y su característico modo de hacer política le llevaron a situar a uno de sus hijos, Manuel Baltar, al frente del PP de Ourense y al frente de la administración provincial. De hecho, los Baltar siguen controlando toda la provincia y la organización conservadora.

La querella del fiscal jefe de Ourense supone la primera medida judicial contra el barón del PP.

Por su parte desde el PSOE se ha recibido con satisfacción la noticia. La secretaria de Organización en Ourense, María Quintas, considera que "estamos ante la punta del iceberg de una trama de corrupción que afecta a más de 300 personas". Según la responsable socialista "las prácticas caciquiles de los Baltar son una constante y es hora de que la justicia abra el melón de una forma de entender la política de la que se benefician novias, mujeres, amigos y ex novias".

EL ALCALDE DE SANTIAGO SE NIEGA A DIMITIR TRAS SER IMPUTADO EN "POKÉMON"

El alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, en rueda de prensa. | Lavandeira Jr / Efe
GALICIA | El regidor del PP se declara 'inocente'
Declarará ante la juez de instrucción el día 17 de enero
Si toman medidas cautelares, asegura que renunciará a su cargo
Es el tercer alcalde importante implicado tras los de Ourense y Lugo (del PSOE)

Marcos Sueiro | Santiago de Compostela

La juez de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha imputado en la 'operación Pokémon' al alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás. El regidor del PP ha comparecido esta tarde ante la prensa para asegurar que es "inocente" y que no piensa presentar su dimisión.

Se ha dirigido a los vecinos para decirles que "estén absolutamente tranquilos con sus alcalde" y ha confirmado que ha dado orden "para que se facilite a la juez encargada de la instrucción del caso Pokémon toda la documentación requerida".

El regidor de la capital de Galicia aclaró que está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en relación a la dotación de una guardería por la que ya ha tenido que declarar la edil de su partido, Rebeca Domínguez.

    Acusado de un delito de tráfico de influencias en relación a la dotación de una guardería

Currás tendrá que declarar ante la magistrada el 17 de enero por su presunta participación en la trama y lo hará en compañía de su jefe de gabinete, Francisco Castro Allegue, también imputado, según ha podido confirmar ELMUNDO.es.

Y aunque ha matizado en la breve comparecencia de prensa, similar a la que en su día protagonizó el ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, que en su ánimo no está dimitir, no descarta hacerlo si tras prestar declaración ante el juzgado le imponen medidas cautelares.

El alcalde de Santiago no ha confirmado su presencia este viernes en un acto que presidirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para homenajear al ex presidente gallego, Gerardo Fernández-Albor. El regidor ha dicho: "iré si puedo" aunque la convocatoria no forma parte de su agenda pública.

    No asegura su presencia mañana en un acto con Rajoy

Este caso de corrupción, que se investiga desde otoño, ya ha provocado la dimisión del alcalde de Ourense del PSOE y de Boqueixón (A Coruña) del PP. También está imputado el alcalde socialista de Lugo, Xosé Clemente López Orozco, aunque ha rechazado dimitir. Su decisión ha dejado a los socialistas gobernando en minoría por la decisión del BNG de romper.

El regidor de Santiago, que sustituye a Gerardo Conde Roa del PP dimitido por fraude a la hacienda pública, se ve salpicado así en el escándalo de corrupción que ya afecta a una veintena de cargos públicos.

Entre esos cargos se encuentra Rebeca Domínguez, edil del PP del Ayuntamiento de Santiago que relevó a Currás al frente de la Concejalía de Educación.

    Su jefe de gabinete, Francisco Castro Allegue, también está investigado

La 'operación Pokémon' se destapa como consecuencia de las investigaciones de la juez de Lugo Pilar de Lara, a raíz de unas escuchas telefónicas. La magistrada, trata de establecer la relación entre las concesiones a determinados ayuntamientos y el presunto trato de favor recibido por el grupo de empresas Vendex. Y es que, según la instrucción de la juez, la compañía podría haber compensando a determinados alcaldes con regalos a cambio de la gestión de determinados servicios municipales como la ORA o el mantenimiento de instalaciones públicas.

Los imputados podrían haber recibido regalos suntuosos como varios relojes Rolex en pago a los servicios prestados.

En este caso aparecen implicados ayuntamientos como el de Ourense, Lugo, Santiago de Compostela y Boqueixón. De momento ha dimitido el ex alcalde socialista orensano, Francisco Rodríguez, y permanece en prisión el ex concejal de Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares. La operación, de momento, continúa abierta.

Expediente informativo del PP
El PP de Galicia abrirá sendos expedientes informativos al alcalde de Santiago y al ex presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar. El primero por el 'caso Pokémon' y el segundo ha sido objeto de una querella de la Fiscalía por prevaricación. Las fuentes consultadas en el partido regional y en la propia dirección nacional aseguran que se trata de un trámite automático, marcado por los estatutos. Los expedientes sólo serán sancionadores en el caso de apertura de juicio oral. Pero como en ocasiones anteriores, si antes el juez decretara medidas cautelares, el partido presionará para que los afectados renuncien a su militancia, informa Carmen Remírez de Ganuza

Por su parte, el grupo municipal del BNG en Santiago de Compostela ha exigido la dimisión de Currás. En un comunicado, asegura que debe abandonar el ayuntamiento "cuanto antes" aunque agrega que "defiende siempre el derecho a la presunción de inocencia".

Más comprensivo se ha mostrado el alcalde de Lugo, José López Orozco, también imputado en el caso. El socialista ha defendido la "presunción de inocencia" del alcalde de Santiago y su decisión de no dimitir. "No voy a aplicar lo que me quiso aplicar a mí el Partido Popular, sino todo lo contrario. Lo mismo que me apliqué a mí, se lo aplico al alcalde de Santiago", ha dicho López Orozco, informa Efe.