En estos días resulta difícil cruzar más de dos frases con alguien sin que surja, casi de forma imperiosa, inevitable, el tema más enojoso, la palabra más aborrecida: los que se aprovechan de los cargos públicos para enriquecerse, la corrupción en sus más variadas formas.
Ya iba siendo hora, cabría decir, en primer lugar. Hasta hace muy poquito, uno de los lugares comunes, casi un axioma, entre los politólogos y comentaristas mejor informados era el de que la corrupción no restaba votos.
Y parecían tener razón, a juzgar por los resultados electorales destacables de algunas personas que se presentaron como candidatos estando, ya, incluso, imputados en causas por delitos relacionados con la corrupción.
Quizás es que haya caído la gota que colmó el vaso. O será por la situación económica que atravesamos, que está imponiendo tan duros sacrificios para la mayoría de los ciudadanos. A lo mejor es una mezcla de todo ello y puede que de alguna cosa más.
Pero lo que sí parece cierto es que la indignación no va a permitir, más, que los corruptos queden impunes. Ni que los responsables de que alguien se enriquezca a costa del dinero y los bienes públicos, puedan seguir gestionando los recursos de todos, como si no hubiera pasado nada.
Hasta ahora, cada nuevo escándalo de corrupción política se ha venido saldando con un puñado de declaraciones retóricas. Entrecruce de reproches por parte de los distintos partidos políticos. El consabido "y tú mas" en los escasos debates que la cuestión suscite...y así hasta el episodio siguiente.
Y mientras tanto, en los procedimientos penales abiertos en cada caso, –desaparecido el primer fogonazo informativo- ahí se quedan los Juzgados solitarios, intentando desentrañar, lenta y trabajosamente, las tramas más elaboradas, intrincadas e internacionalizadas. Los hechos que en ese largo y tortuoso proceso vayan pudiendo precisarse. Qué se cobró, por quién y cómo, y, sobre todo, dónde ha ido a parar el dinero.
Ya resulta bastante complejo investigar delitos en los que se conjugan el fraude, los contratos ficticios, las organizaciones con un objeto lícito aparente, con parte de hechos y disposiciones realizadas fuera del territorio español. Si a ello se añade que las personas investigadas gozan de poder político, social o económico, la dificultad se multiplica de forma exponencial.
Las conductas delictivas en que se traduce la corrupción, o forman parte de una estructura organizativa creada a propósito para obtener una financiación ilícita e irregular de los partidos políticos que la integran, o se lleva a cabo por personas que, dentro de ellos, se aprovechan de la opacidad o la falta de control en su funcionamiento.
Por eso, aún con distintas intensidades y diferentes matices, la colaboración de los partidos políticos o de los Gobiernos a los que pertenezcan los cargos que aparecen implicados en un supuesto de corrupción no siempre es la más adecuada.
En no pocas ocasiones se sienten y hasta se declaran perseguidos; se revuelven contra aquéllos que han aflorado e investigan los hechos delictivos: los policías, los jueces, los fiscales...Intentan ver en ello el contubernio, la conspiración, la ideología o las posibles relaciones de unos y otros que justifiquen que se les investigue, precisamente, a ellos.
Da igual, entonces, que la razón y el sentido de la decencia dicten que el interés de todos está en perseguir y castigar a los corruptos. Y que quienes debieran prestar mayor colaboración son los partidos políticos de los que, precisamente, se valieron para cometer sus delitos.
Porque, aunque declaren que aclararán los hechos "hasta sus últimas consecuencias", y añadan, en expresión que parece haber hecho fortuna últimamente "caiga quien caiga", no se conoce que a la hora de facilitar datos, papeles, cuentas o cualquiera otra información de interés, la disposición a colaborar con las distintas investigaciones judiciales haya cambiado de forma sustancial.
Y así, hemos visto que -como sucediera hace ya muchos años con otros papeles y con otras causas- la Juez que investiga a políticos del PSOE, por los fraudes en los ERES andaluces, tuvo que acudir al Tribunal Supremo para que la Junta le facilitara las actas de gobierno que necesitaba para aclarar extremos de interés en la investigación.
También que han hecho falta más de cuatro años, varios jueces instruyendo, y más de treinta comisiones rogatorias efectuadas a distintos países, para descubrir las cuentas que tenían en el extranjero algunos políticos y ex altos cargos del PP, junto con algunos empresarios relacionados-imputados en la causa sobre la trama Gurtel.
O que han tenido que transcurrir diecisiete largos años para que se pusiera fin al caso Pallerols, con el dictado de una sentencia de conformidad, además, -muy beneficiosa para los penados, favorecidos, precisamente por la dilación extraordinaria en la tramitación de la causa- en que se declara que UDC recibió cantidades de dinero desviadas de las subvenciones europeas para los cursos de formación.
Pero esa situación podría cambiar, y mucho, si esa colaboración que los partidos políticos invocan se tradujera en una conducta más activa y colaboradora. Si se comprometen real y materialmente, aportando los datos y los documentos que puedan ayudar a jueces y fiscales a esclarecer los delitos. Porque entonces, y por muy hábiles que sean sus tramas delictivas, será mucho más eficaz la lucha contra los corruptos, cercados, entonces, por todas las instituciones, y desprovistos de cualquier posible cobijo "oficial" en que esconderse.
La corrupción política, dada la proporción que ha alcanzado, y la demostrada falta de diligencia real al perseguirla, no puede ya soslayarse con una mera declaración de principios y/o el anuncio de un pacto entre partidos.
El único pacto posible hoy es el que conduzca a un cambio radical de las leyes y las prácticas que restablezca controles que se han ido eliminando e impongan la absoluta trasparencia en las actuaciones de cualquier Administración.
Y que quienes tengan alguna implicación o responsabilidad ayuden, de verdad, a que se esclarezcan y enjuicien los hechos que hoy se están investigando en las distintas causas, y denuncien, además todas las ilegalidades de que puedan tener conocimiento.
Porque si no se castiga a los culpables, el reproche lo terminaremos pagando todos. Las instituciones y hasta el propio crédito de un sistema que, con todas sus imperfecciones, es el sostén de la democracia.
