El magistrado investiga la presunta vinculación del diputado del PSC en el caso Mercurio
EFE Barcelona
El juez que investiga una trama de corrupción vinculada al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un escrito en el que pide imputar al diputado del PSC Daniel Fernández porque ve indicios de un delito de tráfico de influencias.
El juez que investiga una trama de corrupción vinculada al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un escrito en el que pide imputar al diputado del PSC Daniel Fernández porque ve indicios de un delito de tráfico de influencias.
En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell ha enviado al TSJC una exposición razonada con los motivos que justificarían la imputación de Fernández, que presuntamente intervino para que se empleara a una técnica en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona).
En la causa que investiga este juez, conocida como caso Mercurio, están también imputados el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, el exconcejal del PP en el municipio Jordi Soriano y varios empresarios acusados de participar en una trama de pago de comisiones de obras municipales a cambio de comisiones. Los indicios sobre el diputado socialista están incluidos en una pieza separada de la macroinvestigación sobre la trama de Sabadell que el juez ha remitido hoy mismo al TSJC, al que corresponde ahora decidir si imputa a Daniel Fernández dada su condición de aforado como parlamentario de la cámara catalana.
En dicha pieza, se investiga si la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), la socialista Maria Elena Pérez, también imputada en el caso, hizo un concurso a medida para contratar como directora del área territorial del consistorio a una exalto cargo del tripartito, Carmina Llumà, a instancias de Daniel Fernández y del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. Las sospechas de que el diputado socialista impuso presuntamente la contratación de esa técnica se basan en distintas conversaciones telefónicas mantenidas entre los implicados, que excepto en el caso del aforado tenían sus teléfonos intervenidos por orden del juez instructor.
Además de la alcaldesa de Montcada y del alcalde, en la pieza por presunto tráfico de influencias que ha salpicado al diputado del PSC Daniel Fernández -exsecretario de organización del partido ya que se apartó temporalmente de sus funciones cuando trascendió que estaba siendo investigado en el caso Mercurio-, está también imputado Francisco Bustos, hermano del alcalde de Sabadell y concejal socialista en la población.
La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, cesó fulminantemente a su arquitecto municipal, Albert Barenys, en marzo del pasado año y poco después contrató a Carmina Llumà, exsecretaria general de Política Territorial del tripartito, supuestamente recomendada por Daniel Fernández y bajo la presión de Manuel Bustos.
En la operación policial del caso Mercurio, los Mossos d'Esquadra registraron en noviembre pasado el despacho de la alcaldesa, donde se incautaron de documentación relacionada con la contratación de la arquitecta, así como relativa a la empresa de recursos humanos que efectuó las pruebas de aptitud de los candidatos al puesto. De hecho, el juez instructor ha acordado levantar el secreto de sumario en relación a la pieza de Fernández, una vez aprehendida toda la documentación relevante para averiguar si existió tráfico de influencias en la contratación de Llumà.
Desde que los Mossos d'Esquadra acudieron en noviembre pasado a su despacho para obtener el contrato de Llumà, la alcaldesa María Elena Pérez ha insistido en negar estar involucrada en la trama de corrupción y ha asegurado que los procedimientos de contratación municipal se han realizado 'con total legalidad'.
Pérez fue nombrada alcaldesa de Montcada a mediados de 2010 en sustitución del socialista César Arrizabalaga, que dimitió al verse salpicado por el caso Pretoria, vinculado también a la corrupción urbanística. Ahora, el TSJC, de acuerdo con sus normas de reparto interno, elegirá a los tres miembros que deben constituir la llamada 'sala de admisión' a la que, tras examinar la causa, corresponderá en última instancia decidir si cita a declarar como imputado al aforado
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